El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desató críticas de integrantes del Poder Judicial, después de que pidiera indagar al juez que suspendió la ‘contrarreforma energética’ que daba prioridad a la empresa estatal en la generación de electricidad, frente a compañías privadas.

Este nuevo roce puso en evidencia las presiones políticas desde el Ejecutivo contra el Poder Judicial y las estructuras jurídicas actuales, que algunos seguidores de López Obrador califican como un nuevo caso de ‘lawfare’. 

¿Cómo surgió la polémica?

El pasado 11 de marzo, apenas un día después de que entrara en vigor la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, Juan Pablo Gómez Fierro, juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, otorgó una suspensión temporal de la norma al argumentar que la medida aprobada por el Congreso afectaba «la competencia y el desarrollo del sector».

La suspensión se otorgó a solicitud de dos empresas privadas: Parque Solar Orejana y Eoliatec del Pacífico­.

Tras darse a conocer la medida, López Obrador pidió investigar si había corrupción en la suspensión expedida por el juez, porque consideró sospechosa la celeridad con la que se había resuelto el tema en el tribunal.

Ante los señalamientos del mandatario, jueces y magistrados consideraron que esas posturas del Ejecutivo «ponen en duda la actuación de las y los juzgadores», al tiempo que aseguraron que el «único compromiso» de los magistrados es «con la Constitución y la independencia para garantizar un efectivo Estado de derecho».