Las tensiones políticas entre el presidente y los gobernadores en México han sido una constante en lo que va del siglo XXI. Pero este fenómeno se ha acentuado con la llegada al poder del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien recientemente propuso un acuerdo político a los mandatarios estatales para no interferir en las elecciones intermedias, programadas para mediados de 2021. 

Este conflicto permite entender mejor el funcionamiento de la política mexicana, y las negociaciones de un incipiente régimen que trata de modificar las inercias del pasado. 

Acuerdo y juicio público

El pasado 23 de febrero, López Obrador publicó una carta dirigida a los gobernadores en la que propuso «un acuerdo nacional en favor de la democracia«.

«Concretamente, les exhorto a que no intervengamos para apoyar a ningún candidato de ningún partido; a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales; a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas; a impedir la compra de lealtades o consciencias; a no traficar con la pobreza de la gente», planteó López Obrador en la misiva, que leyó durante su conferencia de prensa matutina.

Ese mismo día, horas más tarde, el coordinador de Morena (partido fundado por López Obrador) en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) había presentado una solicitud de desafuero para procesar judicialmente al gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, por los presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

De este modo, al mismo tiempo que el presidente proponía un acuerdo a los gobernadores, una dependencia bajo su mando lanzaba una solicitud para realizar un «juicio público«, según dijo el fiscal Alejandro Gertz Manero, contra Cabeza de Vaca, quien forma parte del conservador PAN y la llamada Alianza Federalista, que construyó un bloque de mandatario estatales opositores.