Mientras México registra una cifra récord de solicitudes de asilo y aumenta la presión en la frontera sur de EE.UU. por la llegada de migrantes sin documentos, la propuesta del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador vuelve a la mesa: un plan de desarrollo integral para los países del Triángulo Norte de Centroamérica, que cuente con un financiamiento anual de 2.000 millones de dólares por parte de la Casa Blanca.
El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, insistió en esa propuesta el jueves, y advirtió que los flujos migratorios en la zona serán «constantes y crecientes». Las razones para el éxodo forzado tienen que ver con la ausencia de oportunidades para los ciudadanos en sus países de origen, una situación que se ha visto agravada por el impacto de la pandemia y la esperanza de muchos inmigrantes con un «cambio» en la política migratoria de EE.UU., tras la salida de Donald Trump.
«Si se ve en una perspectiva de región, con diferentes enfoques, pero sobre todo el demográfico y el económico, es evidente que los flujos van a ser constantes y crecientes en los próximos años», sostuvo Ebrard, quien consideró que el enfoque para atender la actual coyuntura debe ser «conjunta» y de «corresponsabilidades«.
Ese enfoque no es nuevo. Ya en 2019, México presentó junto a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) el Plan de Desarrollo Integral (PDI) para El Salvador, Guatemala, Honduras y el sur-sureste de México, que entre sus objetivos tenía el combate a las causas estructurales de la migración irregular.
No obstante, el impacto fiscal de la pandemia en México y las trabas burocráticas para permitir la llegada de las ayudas a los beneficiados, retrasaron el apoyo a los ciudadanos centroamericanos y, apenas en octubre del año pasado, fue que se hicieron las «primeras dispersiones» en El Salvador y Honduras. En un comunicado de la Cancillería mexicana, se admitía que «en ambos países, la entrega de recursos se basa en plazos vencidos«.