El Parlamento peruano invistió a José Jerí como jefe de Estado hasta las elecciones generales de abril de 2026, tras una sesión marcada por la tensión y el amplio consenso para declarar la “incapacidad moral permanente” de Dina Boluarte.
Contexto político y constitucional
La madrugada de este viernes marcó un nuevo capítulo en la prolongada crisis institucional de Perú. El Congreso de la República destituyó a la presidenta Dina Boluarte con 122 votos a favor —muy por encima de los 87 requeridos— y designó de inmediato al presidente del Legislativo, José Jerí, como mandatario interino.
La decisión se amparó en la figura constitucional de “incapacidad moral permanente”, un recurso que el Congreso peruano ha empleado recurrentemente en los últimos años para destituir a presidentes, tal como sucedió con Pedro Pablo Kuczynski (2018), Martín Vizcarra (2020) y Pedro Castillo (2022).
En este caso, la moción se sustentó en el argumento de que el gobierno de Boluarte había perdido la capacidad de garantizar la seguridad ciudadana y de enfrentar el creciente poder del crimen organizado, además de presuntas irregularidades administrativas.
El ascenso de José Jerí
José Jerí, de 38 años, era hasta anoche presidente del Congreso, un cargo al que accedió en agosto de 2025 tras una sorpresiva negociación multipartidista. Proveniente del espectro de derecha liberal, Jerí asumió el liderazgo parlamentario en medio de un ambiente polarizado y con la promesa de “restablecer el equilibrio de poderes”.
Su llegada a la presidencia de la República se da en un contexto de extrema fragilidad política. Jerí ocupará el cargo hasta las elecciones generales de abril de 2026, en las que Perú elegirá a un nuevo presidente y a un nuevo Congreso.
De acuerdo con la Constitución, la línea de sucesión presidencial se activa cuando no existen vicepresidentes, como ocurre desde la destitución de Pedro Castillo en diciembre de 2022, tras su intento de disolver el Congreso. Dina Boluarte, quien había sido su vicepresidenta, asumió entonces la presidencia, y su gobierno enfrentó constantes protestas sociales y acusaciones de autoritarismo.
Un proceso de destitución exprés
El debate parlamentario que culminó con la salida de Boluarte fue breve y contundente. Cuatro mociones de vacancia fueron unificadas en una sola resolución que obtuvo un respaldo casi unánime, evidenciando un consenso transversal entre las principales bancadas.
Boluarte fue acusada de “incapacidad moral permanente”, una figura ambigua y controvertida dentro del ordenamiento jurídico peruano, pero utilizada con frecuencia en la política nacional para provocar cambios de poder sin recurrir a mecanismos electorales.
A diferencia de procesos anteriores, la mandataria no se presentó ante el hemiciclo para ejercer su derecho de defensa, lo que fue interpretado por muchos legisladores como una muestra de debilidad institucional. Minutos después de la votación, el propio Jerí, en su calidad de presidente del Congreso, declaró la vacancia del cargo y fue investido como jefe de Estado.
Reacciones en el Congreso y en las calles
El legislador de izquierda José Quito intentó frenar la sucesión inmediata, al proponer una moción para censurar la mesa directiva del Congreso y evitar que Jerí asumiera la presidencia. Sin embargo, su planteamiento fue desechado por mayoría.
Durante su intervención, Quito advirtió que la destitución “no viene sola”, y pronosticó que el nuevo mandatario “no se sostendrá una semana en el cargo” ante el posible rechazo social. Su discurso reflejó la tensión entre sectores que consideran ilegítimos los procesos de vacancia y quienes defienden su constitucionalidad.
Mientras tanto, en Lima y otras ciudades, se registraron manifestaciones esporádicas en las inmediaciones del Congreso y de Palacio de Gobierno, aunque sin incidentes graves. Diversos grupos ciudadanos, organizaciones sindicales y colectivos políticos convocaron a marchas para los próximos días.
Desafíos inmediatos del nuevo gobierno
El principal reto del presidente interino José Jerí será mantener la estabilidad institucional y evitar una nueva escalada de confrontación social. Perú ha tenido seis presidentes en los últimos siete años, un récord que evidencia la debilidad estructural del sistema político y la fragmentación de su clase dirigente.
Entre sus primeras tareas se encuentran:
- Convocar al diálogo nacional con los principales partidos y gremios sociales.
- Garantizar la seguridad ciudadana, una de las mayores preocupaciones de la población.
- Preparar las elecciones generales de abril de 2026, bajo observación internacional.
- Restablecer la confianza económica, afectada por la incertidumbre política.
Analistas locales anticipan que Jerí podría mantener un gabinete técnico de transición, evitando nombramientos partidistas que alimenten nuevas crisis. No obstante, el margen de maniobra será limitado por la composición del Congreso y la presión de sectores opositores.
Repercusiones internacionales
Diversos gobiernos de la región y organismos multilaterales han llamado a respetar el orden constitucional y a garantizar una transición pacífica. La Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado preliminar en el que expresó su “preocupación por la inestabilidad recurrente en Perú” y reiteró la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas.
Desde México, Chile, Colombia y Argentina se han emitido mensajes de cautela, reconociendo la legalidad del procedimiento, pero exhortando a que se priorice el respeto a los derechos humanos y el calendario electoral.
Perspectiva futura
La asunción de José Jerí no pone fin a la crisis política peruana, sino que abre una nueva etapa de incertidumbre controlada. Su capacidad para mantener el equilibrio entre las demandas del Congreso, las expectativas ciudadanas y la presión internacional determinará la duración y legitimidad de su gobierno.
A medida que se acerquen las elecciones de 2026, el reto principal será reconstruir la confianza pública en un sistema político desgastado por la inestabilidad y la falta de liderazgos sólidos.
Perú, una vez más, enfrenta el desafío de redefinir su rumbo institucional en medio de tensiones que ponen a prueba la fortaleza de su democracia.