El Ayuntamiento de Othón P. Blanco, encabezado por Otoniel Segovia Martínez, comenzó a cobrar cifras estratosféricas a las familias que subsisten mediante el ambulantaje, con montos que pueden alcanzar hasta los 800 pesos mensuales, a través de los permisos para venta de alimentos.

Miles de familias en Quintana Roo han encontrado en este tipo de actividad, la manera de ganar el sustento diario, sin embargo, en la capital del estado denunciaron que la Dirección de Fiscalización municipal está cobrando hasta cinco permisos diferentes para poder comercializar sus productos, cuando usualmente se pagaba solo uno general por 150 pesos.

“Desde que inició la contingencia sanitaria, los inspectores de fiscalización comenzaron a cobrar «un permiso si vendes empanadas, otro si además vendes refrescos, otro más si ofreces el servicio a domicilio, uno más si vendes algún otro alimento, y así hasta que juntan 800 pesos de cobro, lo que para muchos es impagable con la situación de crisis económica que existe en el sur de la entidad», señaló Julio René Medina Estrella, subsecretario del trabajo de Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México.

De acuerdo con los datos de la organización gremial, hasta marzo pasado, tenían entre sus filas a poco más de 150 vendedores ambulantes, pero debido a la contingencia sanitaria, se sumaron otros 250, y aún está pendiente de aprobación la inscripción de 150 vendedores más.

Medina Estrella detalla que solo tomando en cuenta a sus agremiados, Fiscalización está recaudando aproximadamente 400 mil pesos mensuales, una cantidad muy superior a los 75 mil pesos, que recaudaban cuando cobraban un único permiso de 150 pesos.

«Y eso que solo estamos tomando en cuenta a nuestros afiliados. Se estima que existen más de 2 mil vendedores ambulantes en la ciudad, así que toca hacer cuentas de cuánto dinero se están embolsando, y estamos seguros que va directo a sus bolsillos porque no siempre entregan recibos sellados de este cobro, o aparece un cobro general, en lugar del desglosado, en una papeleta que no es la oficial. Lamentablemente, si no aceptamos a pagar esta casi extorsión, nos amenazan con cerrarnos», dijo.

El líder de los vendedores ambulantes de la capital del Estado, también denunció que los inspectores están realizando una «cacería» en contra de aquellos que ofrecen sus productos desde su hogar, para imponerles multas de hasta 5 mil pesos.

«Y es que por la pandemia, muchos se dedican a vender comida para obtener un ingreso extra que alivie su economía. Pero apenas se enteran los de municipio, llegan y los multan como si fueran un restaurante, lo cual consideramos demasiado injusto porque solo se trata de familias que buscan sobrevivir de esta manera».

Cuestionado al respecto, el director de Fiscalización Municipal, Emmanuel Magaña Cirerol, señaló que «desconoce sobre este problema», limitándose a prometer que investigará al respecto, para intentar identificar si sus trabajadores están incurriendo en algún acto de corrupción.